Entrega CIDE recomendaciones en materia de justicia cotidiana
Por Susana Paz
México, DF. 28 de abril de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Un “catálogo” de problemas largo, heterogéneo y complejo, es lo que encontraron las 17 instituciones encabezadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la consulta y análisis del tema de justicia cotidiana, cuyos resultados sirvieron de base para crear 217 recomendaciones y propuestas al ejecutivo federal, en las que el eje principal es la creación de una política pública para mejorar el acceso a la justicia.
Dr. Sergio López Ayllón“Encontramos un escenario profundamente preocupante sobre la justicia cotidiana, sus instituciones y sus efectos en la vida de la gente. Estamos obligados a reconocer que hoy, la mayoría de los mexicanos, carecemos de los medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones”, aseveró el director del CIDE, Sergio López Ayllón.
En ceremonia protocolaria realizada en el Museo Nacional de Antropología (MNA), el director del CIDE hizo entrega formal de los resultados obtenidos al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con la presencia de directivos y representantes de las instancias que colaboraron.
El 27 de noviembre de 2014, en el mensaje Por un México en paz con justicia y desarrollo, Peña Nieto había expresado: “Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana (…) Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad”.
El presidente encomendó ese día al CIDE, que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia.
Método y proceso
El 15 de enero se dio inicio al proceso de consulta, y durante ese mes y febrero se llevó a cabo una discusión desarrollada en siete foros de análisis. Las sedes fueron Aguascalientes, Guanajuato, Tijuana, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México.
Según el informe, estos foros reunieron a grupos interdisciplinarios de expertos que, después de escuchar los testimonios de ciudadanos que expresaban sus experiencias, deliberaron en 28 mesas de trabajo sobre la mejor forma de resolver esos problemas.
De manera paralela a los foros temáticos, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) organizó ocho foros especializados sobre la dimensión estructural de la justicia local en los que participaron jueces y magistrados de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia del país.
La consulta también se desarrolló a través de una plataforma interactiva asociada a diversas aplicaciones para dispositivos móviles, y en un foro virtual permanente en el sitio web desarrollado por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), en el que cualquier persona tuvo oportunidad de presentar un testimonio, formular una propuesta o votar por las que se generaban durante la consulta.
Consultaron también a diversos organismos que aportaron documentos y recomendaciones específicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Durante el proceso de consulta participaron más de 425 expertos en los 15 foros, se recopilaron 485 testimonios y 600 propuestas. Y según el informe, todas las propuestas fueron analizadas por grupos de validación que las depuraron, sistematizaron y consolidaron, dejando un total de 217.
Hallazgos
Según López Ayllón, resultado de la consulta se determinó que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana es que las personas no conocen sus derechos.
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Más información sobre este informe en: www.justiciacotidiana.mx |
Además de que “los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad, y las sentencias frecuentemente incomprensibles, cuando no inejecutables. Así, el conflicto que dio origen a la intervención institucional no solamente permanece sin solución, sino que genera otros nuevos conflictos”, aseveró el director.
Para el director del CIDE, los procedimientos tienen lugar en instituciones con capacidades limitadas, abandonadas en términos presupuestales y con una independencia frágil. Y justamente son estos espacios olvidados los responsables de atender la mayor parte de los conflictos.
“Las instituciones de justicia no tienen las condiciones para pacificar y resolver problemas de personas, sino que administran formalismos y procedimientos. Y ahí, en esa orientación, sucede la tragedia de la discriminación sistemática o la perpetuación de las desigualdades sociales en el acceso a la justicia y en sus condiciones de vida”, expresó.
En el informe se señala además que la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social; se privilegia la forma procesal sobre la resolución del conflicto, y las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.
Recomendaciones
Sergio López Ayllón aseveró que las 217 recomendaciones que se desprenden de los foros constituyen un programa de acción que puede servir de base para elaborar una política pública y nacional de acceso a la justicia.
“La elaboración de esta política es el principal reto que se deriva de la consulta y es la recomendación más importante del ejercicio. Su diseño requiere del esfuerzo de todos los poderes y órdenes de gobierno, y debe ser capaz de convocar también a la academia y la sociedad civil”, opinó.
No obstante, se considera que la construcción de esa política debe responder a una agenda, y por ello identificaron cuatro temas que resultan prioritarios: La creación de centros de asistencia jurídica temprana que puedan evolucionar a constituir una defensoría pública; regular la actividad y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
La consulta identificó que la responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia de calidad está fragmentada en muchas instituciones, por lo que se propuso al Presidente de la República que pueda convocar a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe una política pública de acceso a la justicia, con la agenda antes señalada, en la que deberán estar representados todos los poderes en los tres niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos, así como la academia y la sociedad civil.
“Nuestro planteamiento se complementa con otras ocho acciones precisas, competencia plena del titular del Ejecutivo Federal y otras seis que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la federación”, explicó López Ayllón.
Dr. Pedro Salazar UgartePara el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –instancia que colaboró en la consulta–, Pedro Salazar Ugarte, solo mediante una política integral será posible superar la situación compleja de este tema.
“Lo que México necesita es una verdadera política de Estado –integral coherente– para sortear una profunda crisis de injusticia social. Una crisis que es real, estructural y general. En el fondo, el reto que encaramos es el de evitar una ruptura, un divorcio entre la sociedad y las instituciones del Estado. Si las autoridades se vuelven autistas ante la vida y los reclamos cotidianos de las personas y estas abandonan la vía institucional como medio para superar sus conflictos, lo que nos espera es la regresión o el caos. O peor aún: ambas cosas”, dijo el académico.
Para Salazar Ugarte, el principal problema de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno en el contexto del Pacto por México es que no están completas. “Les falta la pieza fundamental: hacer realidad eso que llamamos justicia cotidiana. Sin esa base social, el andamiaje institucional que promete llevar a México a la modernidad–política civil y económica–podría desfondarse. Esto es así, si se me permite la metáfora, porque estamos construyendo instituciones sobre arena”, comentó.
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